Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto al descubierto un escándalo de corrupción significativo en el aparato público chileno.
La entidad fiscalizadora detectó que 25.078 funcionarios públicos salieron de Chile mientras se encontraban haciendo uso de licencia médica entre 2023 y 2024.
Para estos funcionarios, se emitieron un total de 35.585 licencias médicas.La detección de estas irregularidades fue posible gracias al cruce de datos entre los registros de salidas internacionales de la Policía de Investigaciones (PDI) y la información sobre licencias médicas otorgadas.
El reporte de la CGR es «decidor», señalando que los titulares de estas licencias entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades durante su período de reposo.
Este descubrimiento se produce en un momento clave, justo cuando falta la promulgación de una ley que busca reforzar la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social sobre las licencias médicas, imponiendo mayores exigencias a los profesionales de la salud y sanciones más estrictas.
Sin embargo, la contralora Dorothy Pérez ha señalado que lo revelado por la Contraloría no es nuevo y que es una problemática grave para el país que lleva años aconteciendo. Pérez describió esto como un «fraude a la fe pública de proporciones» que se ha mantenido en el tiempo debido a la «negligencia de los organismos de control interno».
Este fraude es inaceptable tanto económica como éticamente.Las licencias médicas involucradas se distribuyen entre el sistema Fonasa (69%) y las Isapres (31%).
Se ha reportado que algunas de estas licencias provienen de una red criminal liderada por médicos, incluyendo médicos colombianos, que emitieron decenas de miles de documentos falsos, generando un perjuicio millonario.
Estos «centros médicos» a menudo no tenían sede física. Un dato especialmente llamativo del informe de Contraloría es la detección de un funcionario del área de salud que se otorgó una licencia a sí mismo durante la cual realizó un viaje.
También se ha revelado que 250 médicos de hospitales públicos usaron licencias para atender partos en recintos privados.
Ante la gravedad de la situación, la CGR instruyó la apertura de investigaciones o sumarios administrativos en 788 instituciones públicas del país para indagar a los más de 25 mil trabajadores involucrados y perseguir responsabilidades administrativas.
Además, la CGR remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para perseguir responsabilidades patrimoniales o civiles, y al Ministerio Público para investigar eventuales responsabilidades penales.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Nacional, también ha anunciado la apertura de una investigación paralela.
El gobierno ha reaccionado, calificando la situación como «muy grave» porque «defrauda la fe pública» y representa un «incumplimiento de deberes funcionarios».
El ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, ha prometido «tolerancia cero» y ha señalado que, en los casos donde se compruebe falta a la probidad, se aplicarán las sanciones correspondientes, incluyendo la destitución.
El presidente Gabriel Boric ha sido enfático, indicando que quienes hayan hecho mal uso de las licencias «debieran ser destituidos» y que tiene que haber «sanciones drásticas y categóricas».
La investigación se extenderá a los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas (Capredena) y Carabineros (Dipreca).
Ya se han producido renuncias de autoridades ministeriales, alcaldes y asesores involucrados, como el vicepresidente del Colegio Médico, un seremi del Deporte, y el alcalde de Macul, entre otros.
También se conoció la renuncia de un asesor del Ministerio de Transporte, amigo del presidente Boric, quien estaba involucrado y bajo sumario.
Las entidades públicas con más funcionarios detectados viajando con licencia médica son:
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI): 2.280
FUNDACIÓN INTEGRA: 1.934
MUNICIPALIDAD DE ARICA: 719
CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE: 515
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT: 483
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS): 423
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA: 393
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES: 392
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS: 369
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO: 363
UNIVERSIDAD DE CHILE: 352
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO: 342
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA: 328
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ: 318
BANCO DEL ESTADO DE CHILE: 317
GENDARMERÍA DE CHILE: 313
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP): 312
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO: 311
MUNICIPALIDAD DE TALCA: 307
HOSPITAL DR. SOTERO DEL RÍO: 281
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR: 270
HOSPITAL EL CARMEN: 269
SERVICIO NACIONAL DE MENORES (Sename): 243
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA IQUIQUE: 228
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAGALLANES: 227
La pesquisa de Contraloría abarca a trabajadores de 777 entidades públicas oficiales, de las cuales 13 concentran el 25% de todos los casos.
La lista completa de organismos involucrados es extensa, como detalla la información obtenida por BioBioChile.
El período de viajes y licencias se concentró principalmente entre septiembre y diciembre en 2023 y 2024.
El promedio de duración del reposo fue de 17,7 días. Se identificaron casos extremos, con 125 funcionarios que registraron entre 16 y 30 entradas o salidas del país mientras estaban con licencia, y 51 que tuvieron más de 31 entradas o salidas.
La contralora ha mencionado casos de funcionarios que, estando con licencia, cursaron estudios en el extranjero o realizaron largos viajes de turismo por Europa.
Las licencias psiquiátricas, a menos que haya indicación médica explícita, no autorizan viajes internacionales.
Este fraude sistémico pone de manifiesto la debilidad del sistema nacional de control. Expertos y autoridades señalan la necesidad de actualizar los sistemas de fiscalización y control interno.
Se critica la falta de fiscalización previa por parte de entidades como la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social.
El costo estimado de las pérdidas anuales por el uso fraudulento de licencias médicas podría ascender a 350 millones de dólares.
Este dinero podría ser utilizado para resolver urgencias sociales, como disminuir las listas de espera en salud.
Más allá de las sanciones legales y administrativas, se destaca la necesidad de un cambio cultural que promueva la ética y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Como señaló el Senador Fidel Espinoza, usar una licencia médica para vacacionar es éticamente reprobable.
Aunque las instituciones como Junji e Integra han implementado medidas para gestionar el ausentismo y detectar licencias fraudulentas, y aseguran que la situación no genera problemas relevantes en sus operaciones a gran escala debido al número de trabajadores, la indignación pública es legítima.
La Contraloría, el Ministerio Público y las diversas instituciones públicas continuarán con las investigaciones y los sumarios correspondientes.
Este escándalo es percibido como la «punta del iceberg», y su verdadera magnitud aún está por determinarse.
