En un giro dramático para la democracia salvadoreña, el Congreso ha aprobado una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida.
La medida, impulsada por el partido de Nayib Bukele, también extiende el período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta en las elecciones.
La reforma fue aprobada por una aplastante mayoría de 57 de los 60 parlamentarios, lo que ha generado una fuerte reacción de la oposición y de organizaciones de derechos humanos.
La diputada opositora Marcela Villatoro declaró que «este día murió la democracia», mientras que Claudia Ortiz, de VAMOS, acusó a las reformas de buscar «perpetuar a un pequeño grupo en el poder».
Expertos en la materia coinciden en que la reelección presidencial indefinida pone en riesgo la alternancia en el poder y puede deteriorar seriamente la democracia en El Salvador.
Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que el país corre el riesgo de seguir el mismo camino que Venezuela, donde un líder popular ha concentrado cada vez más el poder.
Bajo el gobierno de Bukele, El Salvador se ha enfrentado a denuncias de violaciones a los derechos humanos, como la detención de activistas y abogados críticos.
El mandatario, sin embargo, ha desestimado estas acusaciones, argumentando que su prioridad es reducir la violencia y los homicidios en el país.
Con estas reformas, Bukele parece consolidar aún más su control sobre el poder, dejando a la oposición y a la sociedad civil salvadoreña en una posición de mayor vulnerabilidad frente a un régimen que amenaza con perpetuarse en el tiempo.
La comunidad internacional y los defensores de la democracia estarán atentos a los desarrollos futuros en El Salvador.
