El Gobierno chileno anunció este martes la expropiación de 100 hectáreas en la megatoma de San Antonio, a solo 48 horas del plazo de desalojo judicial.
La medida busca construir viviendas para 3.700 familias entre los 10.521 residentes, incluyendo 3 mil niños, evitando una crisis humanitaria.
Ministros como Carlos Montes y Álvaro Elizalde defendieron la decisión como uso legal de una herramienta aplicada 258 veces desde 2018.
El oficialismo, con diputados del Frente Amplio, la celebra por priorizar derechos humanos en un caso excepcional.
Sin embargo, la oposición estalló en críticas. Diputados RN y UDI la llaman «premio a la ilegalidad» y traspaso de problemas al próximo gobierno, cuestionando el financiamiento en un Minvu con deudas.
El anuncio polariza al Congreso ante la segunda vuelta electoral y genera debate sobre precedentes para futuras tomas ilegales. Propietarios originales expresan frustración por la demora en el desalojo del 4 de diciembre.
