La historia reciente de Chile ha sido profundamente marcada por un patrón sistemático de corrupción que afectó a sus instituciones más fundamentales. Solo la suma del megafraude en Carabineros, conocido como «Pacogate,» y el fraude con la Ley Reservada del Cobre, el «Milicogate,» alcanza la alarmante cifra de aproximadamente $50 mil millones de pesos defraudados.
Esta cifra se eleva aún más al sumar los montos malversados por los ex comandantes en jefe del Ejército. Estos delitos se centraron en el uso indebido de los Gastos Reservados, fondos públicos que por ley debían destinarse a actividades de seguridad e inteligencia, pero que, en cambio, se desviaron para el enriquecimiento personal de altos mandos y otras autoridades, aprovechando la escasa fiscalización.
El Ejército de Chile protagonizó algunos de los casos más graves, con cuatro ex comandantes en jefe procesados por la ministra Romy Rutherford. Este esquema de desfalco era tan arraigado que se considera una práctica sistemática y heredada entre generaciones de comandantes.
Por ejemplo, Juan Miguel Fuente-Alba fue procesado por malversar aproximadamente $3.500 millones durante su periodo, utilizando el dinero para autoasignarse $6 millones mensuales, pagar gastos de supermercado, peluquería, sastrería y viajes familiares (incluido Punta Cana).
De manera similar, Humberto Oviedo Arriagada fue procesado por malversar más de $4.500 millones, recibiendo $6 millones cada 30 días en efectivo, y destinando una parte considerable al mantenimiento de su casa, compras de supermercado y el pago de «pensiones» mensuales a ex comandantes en jefe en retiro.
Otros ex jefes militares como Juan Emilio Cheyre y Óscar Izurieta también fueron procesados por montos que superan los $5.100 millones y $6.300 millones, respectivamente, por haberse concertado para perpetuar este esquema.
Por su parte, el caso de corrupción más grande en la historia de Carabineros, el «Pacogate,» involucró una organización criminal jerárquica que operó por más de una década, sustrayendo sistemáticamente más de $28.000 millones. El mecanismo de malversación de gastos reservados de la policía se conocía como «billetaje», consistente en entregas de sobres cerrados de efectivo cada tres meses.
Se estableció que tres ex Generales Directores están involucrados: Eduardo Gordon Valcárcel fue condenado a 3 años y un día de presidio por apropiarse de aproximadamente $77 millones; Gustavo González Jure y Bruno Villalobos Krumm enfrentan peticiones fiscales de 17 años de cárcel por apropiarse de $122 millones y $68 millones, respectivamente.
El ex General de Finanzas, Flavio Echeverría Cortez, considerado uno de los líderes, confesó haber recibido más de $420 millones producto del fraude y que los gastos reservados se usaban «en gastos personales en general».
Más allá de las Fuerzas Armadas y Carabineros, la corrupción alcanzó otras instituciones clave. El ex Director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela, fue declarado culpable el 11 de noviembre de 2025 de malversar $146 millones de gastos reservados de la PDI, desviándolos a sus cuentas personales y las de su esposa.
Además, el dictador Augusto Pinochet protagonizó uno de los primeros grandes casos, el Caso Riggs, donde se estableció que desvió ilícitamente US$6.466.406 de gastos reservados a cuentas secretas en el extranjero. En un fallo reciente de julio de 2025, el tribunal ordenó a los herederos de Pinochet restituir US$16.244.768,74 al Estado de Chile.
Incluso la Subsecretaría del Interior se ha visto afectada: el ex Subsecretario Manuel Monsalve Benavides está actualmente investigado por presunta malversación de los $847 millones en gastos reservados a los que tuvo acceso entre 2022 y 2024.
Estas investigaciones han revelado fallas estructurales profundas: hasta 2020, no existía una fiscalización efectiva, ya que la rendición ante la Contraloría era «genérica y secreta» sin documentación de respaldo.
Los montos mínimos de gastos reservados para las instituciones estaban definidos por ley sin posibilidad de modificarse. Si bien la reforma legal de 2020 buscó aumentar las sanciones por malversación, los expertos advierten que persisten espacios sin fiscalización adecuada.
Los juicios en curso, con 31 personas en juicio oral solo en el Pacogate, continúan revelando la magnitud de estos delitos que dañaron gravemente la confianza pública en instituciones fundamentales del Estado chileno.
