El primer ataque ocurrió en Cali, donde un camión cargado con explosivos estalló frente a la base aérea militar Marco Fidel Suárez. Este atentado causó la muerte de seis civiles y heridas a unas 70 personas.
Horas antes, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado mediante un ataque con drones y fusiles, lo que resultó en la muerte de 12 policías antinarcóticos que participaban en operaciones contra cultivos ilícitos.
El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como «un día de muerte» y atribuyó la responsabilidad a disidencias de las FARC, grupos que no aceptaron el acuerdo de paz firmado en 2016.
En respuesta, anunció el reforzamiento de las operaciones militares en las zonas afectadas. Además, se confirmó la captura de dos presuntos implicados en el ataque en Cali.
Estos ataques han sembrado conmoción y temor en Colombia, sumando a un contexto ya tenso a un año de las elecciones presidenciales y tras recientes episodios de violencia política, como el asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay.
Las autoridades y la comunidad internacional han condenado estos actos terroristas, y se mantienen las investigaciones para judicializar a los responsables.
La Fiscalía General de Colombia ha desplegado todos sus recursos tecnológicos y de análisis criminal para esclarecer estos atentados, mientras que el Ejército informó que logró neutralizar un segundo vehículo con explosivos en Cali, evitando una tragedia mayor.
La situación refleja la persistente amenaza de grupos armados ilegales en el país, a pesar de los esfuerzos de paz y seguridad
