Decenas de personas migrantes, en su mayoría de origen venezolano, quedaron varadas en la frontera entre Chile y Perú luego de que las autoridades peruanas endurecieran el ingreso y rechazaran su entrada al país.
La tensión crece en la zona de Tacna–Arica, donde se combinan decisiones políticas, control militar y el drama humanitario de familias atrapadas en el desierto.
Endurecimiento del control en Perú
El gobierno peruano decretó estado de emergencia en las zonas fronterizas y ordenó la militarización de la región de Tacna para frenar la migración irregular desde Chile.
Esta medida implica más presencia de policías y militares en los pasos formales e informales, lo que en la práctica bloquea el ingreso de quienes no cuentan con pasaporte o visado vigente.
Autoridades peruanas argumentan que el aumento del flujo de personas desde Chile obliga a reforzar los controles para garantizar seguridad y orden en la frontera.
Sin embargo, organizaciones humanitarias y de personas migrantes advierten que el cierre de facto deja a cientos sin alternativa segura para continuar viaje o regresar a sus países de origen.
Personas migrantes atrapadas en el paso fronterizo
En el complejo fronterizo de Santa Rosa–Chacalluta se han formado campamentos improvisados de familias venezolanas, haitianas y de otras nacionalidades que duermen a la intemperie, soportando altas temperaturas de día y frío intenso en la noche.
Muchas de estas personas salieron de Chile por dificultades para regularizar su situación migratoria, altos costos de vida y temor a futuras expulsiones.
Relatos recogidos por medios internacionales dan cuenta de niñas, niños y personas mayores que llevan días sin poder avanzar ni retroceder, dependiendo de la ayuda de organizaciones sociales y de iglesias para acceder a agua y alimentos básicos.
Algunas personas han realizado protestas y bloqueos de carretera para presionar por soluciones, lo que ha derivado en choques con fuerzas de seguridad.
Factor político y tensión bilateral
El incremento del flujo hacia Perú se agudizó tras las declaraciones del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien prometió expulsar a todas las personas migrantes en situación irregular en caso de ganar la elección, generando temor en comunidades venezolanas y de otras nacionalidades.
A raíz de estos anuncios, autoridades peruanas reforzaron aún más la vigilancia, temiendo una “avalancha” de salida desde Chile.
La situación ha generado roces diplomáticos y debate público en ambos países sobre responsabilidad compartida y coordinación regional en materia migratoria.
Desde Arica, autoridades locales advierten que la decisión peruana de militarizar la frontera crea un “tapón” de personas migrantes del lado chileno, obligando a los municipios a desplegar apoyo humanitario de emergencia.
Impacto humanitario y llamados a soluciones
Organizaciones de personas migrantes y de derechos humanos insisten en la necesidad de crear corredores humanitarios que permitan el retorno seguro a Venezuela u otros países, sin criminalizar a quienes cruzan la frontera.
También piden que Chile y Perú, junto con otros países de la región, acuerden mecanismos coordinados para regularizar y proteger a quienes ya se encuentran en tránsito.
Mientras continúan las negociaciones políticas, la crisis se vive a nivel del suelo con carpas precarias, niños sin clases y personas enfermas sin atención adecuada en la franja desértica que separa Tacna y Arica. La situación podría agravarse si no se implementan medidas binacionales rápidas que combinen control fronterizo con enfoque humanitario.
